Más de 400 empleos de los Vigilantes de los Juzgados, amenazados por el presupuesto de Ayuso
La falta de presupuesto para la seguridad de los juzgados de Madrid amenaza el empleo y la calidad del servicio
El presupuesto elaborado por la Comunidad de Madrid para contratar el servicio de vigilancia y seguridad de las sedes judiciales presenta una grave insuficiencia económica. La cantidad prevista no cubre adecuadamente costes laborales obligatorios como las sustituciones por absentismo, la formación anual de los vigilantes y las subidas salariales ya pactadas para los años de prórroga.
La licitación tiene una duración inicial de 18 meses, con la posibilidad de ampliarse otros 18 meses. El presupuesto de la primera fase asciende a 24,42 millones de euros, sin IVA. Sin embargo, la Comunidad de Madrid asigna exactamente la misma cantidad a la posible prórroga, ignorando que los costes salariales serán superiores durante 2028 y 2029.
El nuevo convenio colectivo de seguridad privada contempla incrementos salariales del 4 % en 2028 y otro 4 % en 2029. Estas subidas ya están firmadas y publicadas, por lo que no pueden considerarse una previsión incierta. A pesar de ello, la Administración ha calculado la prórroga como si los salarios permanecieran congelados.
Según el análisis económico realizado, el presupuesto total para los 36 meses rondaría los 48,84 millones de euros, mientras que los costes necesarios para prestar correctamente el servicio superarían los 49,44 millones. Esto supondría unas pérdidas superiores a los 600.000 euros, incluso aunque la empresa adjudicataria no presentara ninguna baja sobre el precio máximo de licitación.
Otro de los principales problemas es la falta de una dotación suficiente para cubrir las ausencias de los trabajadores. Los juzgados necesitan mantener permanentemente cubiertos sus puestos de vigilancia. Cuando un vigilante se encuentra de baja, disfruta de un permiso, ejerce funciones sindicales o acude a una formación obligatoria, debe ser sustituido.
El coste estimado de estas sustituciones se acerca a los 800.000 euros durante los primeros 18 meses y supera los 1,64 millones en el conjunto del contrato. No presupuestar adecuadamente estas situaciones puede traducirse en plantillas insuficientes, sobrecarga de trabajo, cambios constantes de cuadrantes y presión sobre los vigilantes para cubrir puestos descubiertos.
También debe tenerse en cuenta la formación obligatoria. Cada vigilante debe realizar al menos 20 horas de formación anual. Esta formación supone tiempo de trabajo, costes de los cursos, cotizaciones, desplazamientos y la necesidad de sustituir al trabajador mientras se está formando. Su coste supera los 248.000 euros en los primeros 18 meses y alcanza aproximadamente los 509.000 euros durante los 36 meses.
Una contratación pública infradotada no representa un verdadero ahorro para la ciudadanía. Puede favorecer ofertas económicas temerarias, incumplimientos laborales, retrasos en las sustituciones, deterioro de la formación y una reducción de la calidad de la seguridad en edificios judiciales especialmente sensibles.
Por todo ello, se exige a la Comunidad de Madrid que revise la memoria económica antes de adjudicar el contrato, incorpore los costes reales de absentismo y formación y actualice el presupuesto de la prórroga conforme a las tablas salariales de 2028 y 2029.
Los contratos públicos no pueden calcularse como si los trabajadores nunca enfermaran, no disfrutaran de permisos o pudieran formarse fuera de su jornada sin coste. Una seguridad de calidad exige presupuesto suficiente, empleo estable y pleno respeto a los derechos laborales.
