El rescate de personas en el mar no puede ser parte de políticas migratorias.

La Unión General de Trabajadores rechaza la pretensión del Gobierno español de reducir la llegada de personas a las costas españolas poniendo condiciones a las operaciones de salvamento marítimo.

La Unión General de Trabajadores rechaza la pretensión del Gobierno español de reducir la llegada de personas a las costas españolas poniendo condiciones a las operaciones de salvamento marítimo y exige que el Gobierno promueva un debate y la adopción de medidas en la Unión, sin poner encima de la mesa como moneda de cambio y de presión, las vidas de quienes tratan de alcanzar la Unión Europea.

El sindicato rechaza las medidas, conocidas a través de los medios de comunicación, con las que el Gobierno español quiere reducir la llegada de personas a las costas españolas. Medidas que, a nuestro juicio, afectarán tanto a las operaciones de Salvamento Marítimo como a otro tipo de buques, pondrán en peligro vidas, supondrán un incumplimiento de las leyes del mar y desprotegerán a operadores de Centro de Coordinación de Salvamento, capitanes, patrones y tripulantes de todo tipo de buques que actúen en operaciones de salvamento.

Las obligaciones de búsqueda, rescate y asistencia a cualquier persona en apuros en el mar, contenidas en convenios internacionales, ni pueden ser parte de una política migratoria, ni estar condicionadas por ellas. La Unión General de Trabajadores considera inadmisible que, ante la incapacidad de alcanzar y cumplir acuerdos en torno a flujos migratorios en la Unión, se haya convertido en materia de presión y de negociación, salvar o no la vida de personas en peligro en el mar.

El axioma “si no ponemos medios, se reducirá el efecto llamada”, además de falso, es especialmente grosero e inaceptable cuando la falta de esos medios provoca la pérdida de vidas. Y, de paso, criminaliza o afecta a la seguridad jurídica y a las condiciones de trabajo de quienes tratan de cumplir las obligaciones impuestas por las leyes del mar, sean servicios públicos de rescate o no.

En diciembre de 2018 organizaciones sindicales europeas, incluida la Unión General de Trabajadores, firmamos una declaración sindical conjunta sobre la obligación del Salvamento Marítimo, que señalaba que frente al creciente número de personas que han de ser auxiliadas en el mar, los marinos no pueden compensar la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos nacionales de sus obligaciones jurídicas; estos tienen que tomar las medidas necesarias para asegurar que cada una de las personas que necesiten ser auxiliadas lo sean.

Por ello, la UGT exige al Gobierno español, que cumpla rigurosamente las leyes del mar, sea cual sea el tipo de buque que ha rescatado a personas en peligro, garantizando la seguridad jurídica de operadores de Centro de Coordinación de Salvamento, capitanes, patrones y tripulantes, que dote de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes tanto a Salvamento Marítimo como a los servicios que prestan asistencia, una vez desembarcadas en España, a las personas rescatadas.

Pero sobre todo exigimos que, en lugar de seguir la senda de otros estados miembros y de planteamientos que presentan la inmigración como una amenaza, nuestro Gobierno promueva un debate y la adopción de medidas en la Unión, sin poner encima de la mesa como moneda de cambio y de presión, las vidas de quienes tratan de alcanzar la Unión Europea.