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18/08/2023

UGT elevará al Defensor del Pueblo las continuas agresiones sufridas por el personal de Seguridad Privada ante la pasividad de empresas, clientes y el propio Gobierno

El personal de seguridad privada en nuestro país viene sometido a continuas agresiones en sus puestos de trabajo sin que empresas, clientes y el propio Gobierno tomen ningún tipo de medida global para reducir o evitar un número inasumible de agresiones instaurado en el sector.

UGT inició una campaña específica denominada A MI QUIEN ME PROTEGE. Uno de sus objetivos consiste en captar la atención de la opinión pública y política de nuestro país sobre uno de los principales problemas que recae en las personas trabajadoras de la seguridad privada que son agredidos continuamente por el hecho de realizar su trabajo. 

UGT viene reclamando tanto en movilizaciones realizadas al respecto a lo largo del territorio nacional, como en conversaciones mantenidas con asociaciones empresariales, principales usuarios de servicios de seguridad privada y el Ministerio de Interior la necesidad de mejorar las condiciones de este colectivo durante el desempeño de sus funciones diarias, vinculadas además a la protección de instalaciones estratégicas y en plena conexión con la ciudadanía de nuestro país. 

Aumentar las medidas de autoprotección del personal de seguridad privada durante la prestación de sus servicios, la obligación por parte de las empresas del sector de dotar de esas medidas de autoprotección a las personas trabajadoras, aumentar la protección jurídica del colectivo son entre otros elementos peticiones de UGT que no han encontrado respuesta concreta por parte del Ministerio de Interior como principal garante del conjunto del sector y de la actividad de la seguridad privada como complementaria de la pública. 

Dentro de la campaña A MI QUIEN ME PROTEGE el siguiente paso a realizar por UGT es solicitar, previo estudio realizado por el Sindicato, la implicación del Defensor del Pueblo solicitando su necesaria intervención que inste al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para evitar o reducir con medidas concretas una lacra que somete a las personas trabajadoras a continuas agresiones ante la pasividad de empresas, clientes e instituciones.