El Tribunal Supremo da la razón a UGT y obliga a la empresa VIRIATO SEGURIDAD a cumplir el convenio colectivo estatal de Seguridad Privada
UGT demando el convenio de empresa de VIRIATO SEGURIDAD que dejaba a la totalidad de la plantilla en condiciones sociales, laborales y económicas por debajo de lo dispuesto en el convenio estatal de seguridad privada.
UGT en su demanda “defendió abiertamente el derecho de las personas trabajadoras de la empresa VIRIATO SEGURIDAD al percibo de las retribuciones contenidas en el Convenio Colectivo Estatal para las empresas de seguridad privada así como la obligación empresarial de regularizar y abonar al colectivo afectado los atrasos por las diferencias producidas como consecuencia de la no aplicación desde el mes de julio de 2020 de las retribuciones contempladas en los sucesivos convenios sectoriales”.
UGT ha vuelto a insistir en la utilización totalmente desleal que determinadas empresas de seguridad realizaron amparados en la anterior Reforma Laboral potenciando negociaciones de convenios de empresa reduciendo las condiciones económicas de sus respectivas plantillas. Todo ello con la única intención de reducir los salarios de los vigilantes de seguridad para reducir costes y obtener una posición de mercado más ventajosa a su competencia a costa de fomentar la precariedad de las personas trabajadoras.
Para UGT el sector de seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de instalaciones, en gran parte estratégicas, en nuestro país. Ello por sí mismo merece que el sector avance hacia un modelo de mayor reconocimiento para el colectivo así como en mejorar sus condiciones laborales.
La atomización de empresas que concurren en el sector, está siendo utilizada también por parte de la administración para abaratar costes en sus respectivas adjudicaciones poniendo en tela de juicio la propia calidad de los servicios así como las garantías de empleo de calidad para las personas trabajadoras.
Para UGT es imprescindible avanzar hacia un modelo de seguridad privada capaz de generar empleo de calidad así como servicios de calidad, una necesaria transformación que debe seguir eliminando de la ecuación la utilización de malas prácticas empresariales y de la propia administración.
