Aumenta el número de empresas de Seguridad Privada con dificultades para abonar el pago de las nominas en el territorio nacional

El modelo de seguridad privada instaurado en nuestro país basado en los bajos precios de adjudicación de servicios, afecta al empleo y al cobro de nóminas de las personas trabajadoras del sector.

El declive de la actividad en la seguridad privada de nuestro país va en aumento ante la pasividad de las administraciones públicas, clientes privados y la competencia desleal ejercida desde un número cada vez mayor de las propias empresas de seguridad privada. UGT viene reclamando en el tiempo un cambio de modelo en la contratación pública y privada de los servicios de seguridad en nuestro país. Una actividad esencial que se ve devaluada constantemente siendo adjudicada únicamente por el factor precio sin ningún tipo de valor añadido en su prestación. Ese único factor precio viene generando que un número importante de empresas de este país, reduzcan los precios de prestación de servicios hasta llevar los mismos a perdidas, que posteriormente generan falta de empleo estable y falta de abono de las nóminas para las personas trabajadoras del sector. 

En los últimos meses empresas como Prosetecnisa, SP4, Wakeful, GFS, INV PROTECCION, INV SISTEMAS, INV SEGURIDAD, NORVIK, son entre otras, empresas que bien han cesado en su actividad o bien dilatan el pago de las nóminas dejando a las plantillas y a sus familias totalmente indefensas y en un elevado grado de precariedad laboral y económica. 

En un marco de relaciones laborales donde se debe poner el acento en disponer de empresas solidas en nuestro país, que sean capaces de obtener beneficios pero también de garantizar y mejorar las condiciones laborales de sus personas trabajadoras, no cabe un sector de seguridad totalmente atomizado donde los empresarios después de hinchar sus facturaciones y dejar en el desamparo a sus plantillas no se les reconozca ninguna responsabilidad jurídica al respecto. 

UGT sigue insistiendo en el necesario cambio de modelo en la seguridad privada en este país donde sin excusas políticas se debe revisar la subcontratación de servicios por parte de la administración así como la responsabilidad solidaria de los contratantes de determinados servicios entre ellos los de seguridad privada.