Marsegur no abona el salario a los vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa y otras instalaciones contratan su vigilancia con una empresa “low cost”, a pesar de las advertencias del sindicato.

El Ministerio de Defensa y otras instalaciones contratan su vigilancia con una empresa “low cost”, a pesar de las advertencias del sindicato.

Marsegur, la empresa que oferta sus servicios de seguridad privada en INTA, INVIED, IGESAN, Hospital Gómez Ulla, Hospital del Aire, acuartelamientos, Suma 112, ha dejado de abonar la nómina de los trabajadores en estos centros, siendo afectados en Madrid más de 150 trabajadores.

Hace pocos meses, el Ministerio de Defensa adjudicó la seguridad privada de todas sus instalaciones a nivel nacional con la empresa Marsegur en un sustancioso contrato.

Se da la circunstancia que el anterior proveedor era Seguridad Integral Canaria, la empresa de Miguel Ángel Ramírez, y que comparte con Marsegur asociación empresarial. Seguramente, las dos empresas que más desprecio han mostrado por los derechos de los trabajadores y curiosamente proveedores habituales de diferentes administraciones tanto en el ámbito estatal como autonómico.

Sirva de ejemplo, SIC no ha abonado, a fecha de hoy, la nómina y finiquito de muchos de los trabajadores de Defensa que pasaron subrogados a Marsegur.

Desde UGT, ya trasladamos a la mesa de contratación del Ministerio de Defensa, que contratar con Marsegur, más allá de la legalidad, era una irresponsabilidad porque el único valor de esta empresa es ofertar sus servicios al menor coste porque su convenio de empresa reduce en un 40% los salarios respecto de los trabajadores del convenio estatal.

Luis Domingo Castresana, Responsable del Sindicato de Seguridad de UGT en Madrid, denuncia que el convenio de empresa ha sido anulado hasta en tres ocasiones por la Audiencia Nacional.

Luis Domingo Castresana denuncia las contrataciones públicas que bajo apariencia de legalidad esconden precariedad en el empleo y explotación laboral. Además exige actuaciones para terminar con un  “dumping social” que tiene como objetivo bajar salarios y eliminar derechos laborales.

Los trabajadores del Ministerio de Defensa y la ciudadanía nos merecemos una contratación pública que garantice la prestación del servicio con empresas solventes y fiables, que garantice un servicio en condiciones óptimas y respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Empieza a ser insoportable que Marsegur siga operando en el mercado de la Seguridad Privada; y que nadie haya hecho nada. UGT espera que en la mesa de concertación social que se ha abierto con el gobierno para abordar la problemática de la seguridad privada, el objetivo prioritario sea cambiar el actual modelo de contratación pública que favorece una competencia basada en la oferta económica más ventajosa y no en un servicio eficiente y de calidad.